La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali revocó la liberación condicional otorgada a Christopher Alexander Duarte Torres, condenado por robo agravado, y ordenó su búsqueda y captura a nivel nacional. Duarte Torres, quien en abril de este año recibió la liberación condicional en abril de este año, fue sujeto a revisión luego de una apelación del Ministerio Público, el cual argumentó que su historial y el cumplimiento parcial de su condena impedían el beneficio.
Duarte Torres acumulaba un extenso historial criminal, con múltiples sentencias desde 2011 por delitos de tenencia ilegal de armas y municiones, robo agravado y posesión de dispositivos celulares en prisión. Su condena actual, de quince años por robo agravado, tenía un fin previsto para septiembre de 2027. Sin embargo, un cálculo erróneo en la fecha de inicio de la condena llevó a que la instancia inferior considerara que ya había cumplido el tiempo necesario para la libertad condicional.
La Sala Penal, integrada por los magistrados Federick Rivera Berrospi, Hermógenes Lima Chayña y Marco Espíritu Matos, determinó que la pena de quince años realmente comenzó el 18 de septiembre de 2012, no en mayo de 2010, como sostenía la defensa. En consecuencia, el tiempo cumplido no era suficiente para calificarlo para el beneficio penitenciario. Adicionalmente, el Ministerio Público argumentó que la acumulación de condenas por delitos graves y repetidos de Duarte Torres justificaba la improcedencia de cualquier beneficio, dada su conducta reincidente y el riesgo social que representaba. La Sala también observó que los informes favorables del Instituto Nacional Penitenciario sobre la aparente rehabilitación de Duarte Torres no evaluaban integralmente sus antecedentes y reincidencia. El tribunal concluyó que la instancia inferior no valoró adecuadamente la gravedad de los delitos ni el cumplimiento de las reparaciones civiles impuestas. Si bien Duarte Torres había pagado la última reparación civil, no se aportaron pruebas sobre el cumplimiento de reparaciones de condenas anteriores, lo cual afecta la evaluación de su reintegración social y responsabilidad.
