No hubo grandes sorpresas. Aunque los enviados de organizaciones internacionales deben haberse sorprendido al enterarse que los sentenciados seguirán libres hasta que no haya una confirmación en la segunda instancia. Por eso, una de las viudas, al término de la audiencia, expresó que no estaba “muy contenta”.
Solo fue una lectura parcial, para dar a conocer la decisión, adoptada por unanimidad del Juzgado Penal Colegiado Permanente de Ucayali, integrado por la Dra. Asela Barbarán Ríos, Dra. Janeth Pizarro Osorio y Dr. Roy Ruiz Dávila. La lectura total de la sentencia será recién el próximo 23 de abril a las 6 de la tarde.
Entre tanto, los cuatro sentenciados continuarán en libertad, mientras uno de los investigados, Eurico Mapes Gómez, está como no habido.
DESCONTENTO
Yusen Caraza, el abogado de las viudas y familiares de los cuatro líderes de Saweto, asesinados en setiembre del 2014, al término de la audiencia de ayer, refirió que estaba satisfecho con el resultado del trabajo realizado hasta la fecha, pero no podían estar alegres porque todavía falta la decisión que puede tomarse en segunda instancia.
Recuérdese que en febrero del 2023, un juzgado de primera instancia, condenó a los hoy nuevamente sentenciados, a 28 años y 3 meses de carcelería. Sin embargo, en agosto del mismo año, esa sentencia fue anulada por la Primera Sala Penal de Apelaciones que ordenó un nuevo juicio. El nuevo juicio se reinició en noviembre 2023, tras mucha presión, y culminará recién el 23 de abril con la lectura total de la sentencia.
Si esta sentencia es apelada, muchos se preguntan si la Sala Penal de Apelaciones volverá a anular la sentencia emitida por el Juzgado Penal Colegiado.
Por eso una de las viudas, Ercilia Rengifo, dijo no encontrarse “muy contenta” con la lectura parcial que se realizó anoche y con los procedimientos que deben esperar.
PREVIO
Una noche antes, el 10 de abril, se realizó una vigilia en el jirón Aguarico, local de ORAU (agrupación que representa a las organizaciones indígenas de Ucayali), con la participación de líderes indígenas, las viudas y familiares.
En la vigilia también estuvo presente Jane Anttila, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Ella dijo: “Ojalá mañana (ayer jueves), lleguemos a una sentencia justa. Siempre se dice que una justicia que tarda demasiado casi no es justicia porque tardó tanto que tuvieron que caminar con todo el dolor y sin ver el día cuando llega. Nosotros seguiremos caminando con ustedes, estamos muy conscientes de que siguen enfrentando muchos riesgos, amenazas. Estamos con ustedes y estamos también tratando de caminar con las autoridades para que ellos también puedan estar más fuertes, dándoles la protección que les corresponde. Les doy mi palabra de que todo el camino estaremos hoy y mañana si es que hace falta”, expresó la representante de Naciones Unidas.
Ayer jueves, por la tarde, las organizaciones se concentraron en la plaza principal, marcharon por el jirón Independencia, jirón 7 de junio, jirón Sucre y se concentraron frente al local de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, para insistir en sus reclamos de justicia, con arengas y carteles.
Luego, las viudas, el abogado y otros líderes, ingresaron a la Sala de Audiencias que fue acondicionada para recibir a numerosas personas interesadas en el desenlace del juicio oral.
LA SENTENCIA
La jueza encargada de la lectura adelantada, dijo: “Corresponde dictar una sentencia condenatoria ¿Por qué? Porque no solo se ha acreditado la consecuencia muerte, se ha acreditado también la alevosía con la cual se ocasionó la muerte a los líderes indígenas. Se ha acreditado que los señores Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo eran identificados como líderes de la comunidad y como tales realizaban acciones dirigidas pues a salvaguardar la integridad de la comunidad como tal”.
“Se ha acreditado la participación de los acusados. Como coautores, esto es los señores Yosimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix, quienes habría participado activamente en ocasionar la muerte a los agraviados; y los señores Estrada Huayta y Hugo Soria Flores, respecto de la autoría mediata.”
Si bien la fiscalía había pedido que se les imponga una pena de 35 años de pena privativa de libertad, la jueza precisó que existiendo una sentencia anterior que condenó a 28 años y 3 meses, no se podría imponer una pena superior a la anterior sentencia. Y agregó: “Sin perjuicio de ello debemos precisar que el Ministerio Público no ha actuado ninguna prueba que permita afirmar que correspondería imponer una pena de 35 años, que es la pena máxima en el caso y los hechos que tenemos por acreditados”.
Sobre el encarcelamiento inmediato de los sentenciados, la jueza aclaró: “Siguiendo los criterios del Tribunal Constitucional y siendo que en el presente caso todos los acusados han seguido el proceso en libertad, no corresponde disponer la ejecución de la pena, sino suspenderla, hasta que el superior en grado revise la misma si es que ésta es atinada. Claro está imponiendo reglas de conducta que deberán cumplir los ahora sentenciados”.
La parte civil había solicitado una reparación de 250 mil soles para cada sucesor de los agraviados, pero el Juzgado tuvo otro criterio. Dispuso el pago de una reparación civil de 200 mil soles en total, repartiéndose 50 mil soles para cada uno de los sucesores de los cuatro líderes asesinados.
Por lo demás, el juzgado admitió que otro de los procesados Eurico Mapes Gómez, se encuentra como no habido, por lo que reservaron su juzgamiento, debiendo renovarse la orden de ubicación y captura a nivel nacional, además de tramitarse la orden de captura internacional.
Alguien dijo: justicia incompleta, no es justicia.
Este caso es emblemático porque marcará la pauta para otras condenas, sobre sospechosos del asesinato de 33 líderes indígenas, defensores ambientales, de la amazonia peruana.
