La Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato identificó más de S/ 1,400 millones como daño patrimonial al Estado en el proceso principal donde se investigan las irregularidades de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.
Mediante un escrito presentado al Poder Judicial el pasado 28 de agosto, la Procuraduría Pública ha enumerado todos los perjuicios económicos causados al Estado, los cuales se sustentan en pruebas ofrecidas por la Fiscalía, así como en peritajes económico-financieros sobre el proyecto.
“El daño patrimonial al Estado de más de S/ 1,400 millones es una parte de la reparación civil que estamos solicitando en este proceso penal. Este monto lo vamos a sustentar cuando se inicie el juicio en este caso. Identificarlo es importante porque además va a contribuir a que se acredite el delito de colusión que está imputando la Fiscalía a los procesados”, afirmó la procuradora pública ad hoc Silvana Carrión Ordinola.
Adcionalmente, Carrión sostuvo que la Procuraduría Pública ha solicitado cerca de S/ 2 mil millones como daño extra patrimonial.
“Esperamos que el Poder Judicial nos de la razón respecto a ambos montos de reparación civil, para que estos sean pagados de manera solidaria por las personas y empresas investigadas”, agregó.
La procuradora pública también enfatizó que la Procuraduría Pública a su cargo ha realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar, durante el proceso judicial, el eventual pago de la reparación civil que asumirían todos los investigados por este caso.
“A la fecha, hemos logrado que se apruebe judicialmente el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, que incluye un compromiso de pago de reparación civil de alrededor de S/ 440 millones, específicamente por el proyecto Interoceánica Sur, tramos 2 y 3. Eso es algo que ya se viene pagando. Y, además, la Procuraduría ha embargado bienes y acciones a los investigados por más de S/ 250 millones en este caso. Con ambos montos, casi S/ 700 millones, se cubriría parte de la reparación civil que estamos solicitando”, señaló.
Cabe destacar que la Fiscalía ha presentado acusación en este caso contra los siguientes investigados: Alejandro Toledo Manrique (expresidente de la República); Avraham Dan On (seguridad del expresidente); Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco Font (miembros del comité de Pro Inversión); José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Gonzalo Ferraro Rey (Graña y Montero); Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone (JJC Contratistas Generales); y José Fernando Castillo Dibos (ICCGSA).
Asimismo, las empresas que conformaron las concesionarias “Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A.” e “Interoceánica Sur – Tramo 3 S.A.” y que han sido incorporadas en el proceso como terceros civilmente responsables a la solicitud de la Procuraduría son: Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e ICCGSA, además de incluirse también a las mismas empresas concesionarias.
