El reciente anuncio de la presidenta Dina Boluarte sobre implementar un “seguimiento financiero” a las remesas enviadas por ciudadanos venezolanos en Perú ha generado una ola de críticas y preocupaciones sobre la constitucionalidad y posibles efectos discriminatorios de esta medida. La presidenta explicó que se exigirá a los venezolanos que demuestren ingresos lícitos mediante la presentación de contratos de trabajo y alquiler, y se les hará un seguimiento de sus remesas para verificar la procedencia de sus ingresos.
Inconstitucionalidad y derechos afectados
El abogado penalista Jorge Zuñiga calificó la medida de inconstitucional, argumentando que esta vulneraría derechos fundamentales como el secreto bancario, la intimidad y la igualdad. «Esta propuesta atenta contra el derecho a la inviolabilidad bancaria y la dignidad humana, exponiendo la información financiera de los ciudadanos», declaró. Además, Zuñiga enfatizó que la propuesta se centra en generalizar medidas restrictivas sobre una comunidad específica, algo que considera discriminatorio.
En la misma línea, el abogado tributarista Jorge Rodríguez destacó que cualquier seguimiento financiero no puede enfocarse en una nacionalidad sin incurrir en discriminación. Rodríguez subrayó que “la Constitución peruana garantiza los mismos derechos para todos, sin importar su nacionalidad”, y que esta medida podría ser impugnada por violar el principio de igualdad ante la ley.
Preocupación internacional y riesgo de fomento al odio
Expertos en migración, como Gabriel Vergara de la organización VeneActiva, también advirtieron sobre las repercusiones sociales de la medida, señalando que este tipo de discursos pueden fomentar la xenofobia y el odio. “Es preocupante que se planteen políticas que avivan discursos discriminatorios y de rechazo hacia la población venezolana, especialmente en un contexto donde estos ciudadanos han llegado como desplazados forzados por la crisis humanitaria en Venezuela”, expresó Vergara.
A nivel de derechos humanos, la medida ha sido señalada como potencialmente contraria a los principios promovidos por la ONU y el sistema interamericano de derechos, según comentó Maholy Sánchez, especialista en refugio de VeneActiva.
Conclusión: Una medida bajo debate por derechos y discriminación
El seguimiento financiero a remesas de venezolanos en Perú plantea un debate profundo sobre los derechos humanos, la legalidad y el impacto social de tales políticas. La comunidad legal y de derechos humanos insta a evaluar alternativas que respeten los principios constitucionales y eviten acciones que puedan considerarse discriminatorias o invasivas.
