La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha tomado medidas para corregir la decisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que prohibía las clases 100% virtuales en las universidades a partir de 2024.
Esta acción se basa en la falta de presentación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) por parte de Sunedu ante la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR), como requisito previo a la emisión de las Resoluciones del Consejo Directivo N° 033-2023 y N° 00006-2024.
PCM ordena anulación
La PCM informó que las resoluciones de Sunedu, que modificaban las disposiciones para la educación superior universitaria, no siguieron el debido proceso y vulneraron los derechos de los estudiantes.
En consecuencia, se ha ordenado la derogación de ambas resoluciones, respaldada por el Informe N° D000022-2024-PCM-SSSAR, que señala la falta de cumplimiento del proceso legal necesario.
El contexto de pandemia y el predominio de la digitalización en el mundo actual han llevado a que las universidades brinden clases en línea. Sin embargo, la reciente decisión de la Sunedu ha dejado sin efecto este privilegio, impactando negativamente a grupos como empleados y personas mayores de 24 años, quienes pueden cursar exclusivamente la educación superior de manera virtual.
Opiniones de expertos
Expertos en el campo de la educación, como Jorge Mori y exministros como Daniel Alfaro y Juan Cadillo, también han manifestado su preocupación por las consecuencias de las medidas.
Respecto a este tema, Mori enfatizó que es necesario que todos cumplan con la ley, mientras Alfaro señaló lo útil que podría ser la educación virtual al brindar a los estudiantes un acceso más fácil a oportunidades de educación superior, especialmente para estudiantes que viven en áreas distantes donde las escuelas no están disponibles.
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En esa línea, la PCM instó a la Sunedu a reconsiderar su decisión y derogar las resoluciones cuestionadas, reconociendo la importancia de garantizar la alta calidad y disponibilidad de la educación superior para todos los peruanos.
El objetivo de esta ley no es sólo corregir una irregularidad legal, sino también defender los derechos de los estudiantes y garantizar la accesibilidad en términos de obtener educación.
