Intentaron salir libres. El Poder Judicial las frenó. Dos mujeres comprendidas en las “invasiones” del Parque Natural de Pucallpa, investigadas por usurpación agravada y banda criminal continuarán en prisión preventiva hasta el 27 de agosto del 2024.
La magistrada Dra. Angela Zamudio Navarro, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró la vigencia de la prisión preventiva por 18 meses contra Liz Villacorta Cueva y Daynith Apuela Pérez, presuntas integrantes de la banda criminal denominada “Los Borregos del Parque”.
El pasado 15 de marzo de 2023, el mismo juzgado ordenó que Villacorta Cueva, Apuela Pérez, y sus presuntos cómplices, Lucila Macedo Romero y Felipe Kin Méndez Villaverde, sean recluidos en el penal de Pucallpa mientras duren las investigaciones en su contra. Pero, Villacorta y Apuela, solicitaron que, de oficio, se revise la prisión preventiva. Querían ser investigadas en libertad.
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La defensa técnica de Villacorta Cueva cuestionó la duración de la prisión preventiva. Argumentó que el Ministerio Público no pudo establecer que la investigada cometió los delitos imputados. La jueza, señaló que la complejidad del caso y la necesidad de garantizar el normal desarrollo del proceso penal justificaban su internamiento preventivo. Además, el abogado no presentó nuevas pruebas para acreditar que puede ser investigada en libertad.
En el caso de Apuela Pérez si bien presentó nuevos elementos, como la constancia de matrícula y la ficha única de matrícula de su hija, su abogado insistió en que no existirían pruebas contundentes que vinculen a la imputada con los delitos, especialmente el de usurpación. Para la jueza, hay imágenes de la investigada en predios invadidos y conversaciones electrónicas sacadas de su propio celular.
Además, el Ministerio Público informó que aún falta la declaración de testigos y otras diligencias pendientes (levantamiento del secreto bancario, remisión de información obtenida de un USB, entre otros), y por eso, no se puede descartar prematuramente la participación de las imputadas.
INVASIÓN Y DETENCIÓN
Desde febrero del 2022, un grupo de ciudadanos se organizó para ingresar de forma violenta a los terrenos del Estado ubicados en el kilómetro 4.200 de la carretera Federico Basadre, en la parte posterior del parque natural de Pucallpa. Sin amparo legal, buscaba obtener provecho económico mediante la lotización, regularización de titularidad y posterior venta de los terrenos.
La Fiscalía denominó a la banda como “Los Borregos del Parque”. De acuerdo a sus investigaciones, estaría liderada por Lucila Macedo Romero, Ayda Puyo López, Lesly Priscila Pinedo Taricuarima, Daynith Apuela Pérez, Alex Murrieta Diosa y Felipe Kin Méndez Villaverde. Se habrían organizado bajo la apariencia de una asociación denominada asentamiento humano “Milagros De Jesús”, inscrita en SUNARP.
La Fiscalía sostuvo que realizaron múltiples ingresos violentos, coordinados por la junta directiva y respaldados por abogados contratados. De ese modo, construyeron chozas precarias, deforestaron e intimidaron a trabajadores del Parque Natural.
La policía regional, en colaboración con el Gobierno Regional de Ucayali, desplegó personal civil y maquinaria pesada para desarticular las invasiones y retomar la posesión de los terrenos usurpados. En febrero de 2023, fueron detenidas Lucila Macedo Romero (presidenta), Daynith Apuela Pérez (tesorera), Felipe Kin Mendez Villaverde (vocal) y Liz Villacorta Cueva (presunta cabeza visible), los abogados Luis Carlos Tello Ríos y Juan Bruno Bardales Armas y el policía Miguel Ángel Veliz Linares. Los tres últimos están siendo investigados en libertad.
LA INVASIÓN
No fue uno, sino varios intentos de apoderarse de las tierras del Parque Natural.
En la madrugada del lunes 7 de febrero 2022, alrededor de 150 personas, con palos, machetes, martillos y plásticos, violentamente derribaron el precario cerco de madera y se repartieron lotes en cinco hectáreas del mencionado parque, cerca del Jr. Haití del AH Sagrado Corazón de Jesús.
Después de varios días, personal policial, los desalojó, pese a la resistencia violenta.
A comienzos de mayo del 2022, volvieron a invadir el predio. Esta vez, los invasores, alentados por presuntos asesores, llevaron un tractor retroexcavadora para realizar trabajos de desmonte.
Agentes del Departamento de Seguridad del Estado-Pucallpa, intervinieron y detuvieron a cuatro personas: Carlos Helar Izquierdo Zevallos (62), Antolín Pozo Sánchez (63), Jhim Max Soria Montes (30) y Auristela Puyo López (40).
Pero no cejaron en sus intentos. En octubre del 2022, volvieron a ocupar el predio.
En esa oportunidad, cinco fiscales en un despliegue policial detuvieron a 24 personas y los acusaron por usurpación agravada, en flagrancia.
En el operativo, fue detenida Liz Villacorta Cueva, (23), acusada por usurpación, desobediencia y resistencia a la autoridad. La detenida fue derivada al Poder Judicial con una acusación de proceso inmediato. Los abogados de los detenidos presentaron habeas corpus para liberarlos.
Tras un paciente trabajo de seguimiento e inteligencia por la posibilidad de que existiera una banda criminal de tráfico de tierras, detrás de estas invasiones, personal policial, en febrero del 2023, detuvo a Lucila Macedo Romero, Daynith Apuela Pérez, Felipe Kin Mendez Villaverde y a Liz Villacorta Cueva, a quien consideran la líder de la organización.
SIGUEN INVASIONES ESPANTANDO INVERSIÓN
Al parecer los “traficantes de tierras” siguen activos promoviendo invasiones y ejerciendo un poder absoluto sobre los moradores, porque se sienten respaldados por un aparato legal.
En nota que puede leer en páginas más adelante de esta edición, el empresario Walter Flores Alarcón, propietario de Inmobiliaria La Roca, denunció la invasión de sus terrenos del caserío Soledad, ubicado en el km 10 en el distrito de Manantay.
Puede hacer poco, frente a grupos delictivos que tienen fachada legal (igual que en el caso del Parque Natural) para mover personas e invadir terrenos. Señaló como grupos delictivos organizados a: “Amor al Prójimo” y “Nuevo Amanecer” cuyos asesores legales los respaldan. Y actúan impunemente, incluso contra los moradores que se niegan a unirse a sus asociaciones, llegando a quemarles sus humildes viviendas y a ejercer violencia contra ellos.
Para el empresario, estas acciones delictivas pueden extenderse a otras inmobiliarias y eso espantará la inversión en Ucayali. Pidió la intervención urgente de las autoridades. Solo queda averiguar y publicar los nombres de esos pseudos hombres de derecho que fungen de asesores legales de la mafia de traficantes de terrenos haciéndose de lotes como fruto de su labor, a todas luces, mafiosa.
