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Trabajadores del Ministerio Público se pliegan a la huelga a nivel nacional

Del distrito fiscal Ucayali

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Este lunes 14 de octubre, más de dieciocho mil trabajadores del Ministerio Público de Lima, Callao, Ucayali y otras regiones del país iniciaron una huelga de tres días en demanda de mejoras laborales. La medida ha sido respaldada en diversas sedes de la institución a nivel nacional, donde los empleados exigen, entre otros puntos, una nivelación salarial que consideran urgente.

La Federación de Trabajadores del Ministerio Público, señaló que la situación laboral en la institución es insostenible. De no recibir una respuesta favorable por parte del Ejecutivo, los dirigentes nacionales advirtieron que la huelga podría escalar a un paro indefinido. Asimismo, no se descarta la posibilidad que los empleados se unan a las protestas convocadas en rechazo a la inseguridad ciudadana y en contra de la actual gestión gubernamental.

Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentran una nivelación remunerativa, una bonificación extraordinaria y un incremento en el presupuesto asignado al Ministerio Público. Según afirman, estos reclamos han sido objeto de acuerdos previos en negociaciones colectivas, pero hasta el momento las autoridades no han cumplido con lo pactado, generando descontento generalizado.

La huelga involucra a psicólogos, peritos forenses, tecnólogos, digitadores y personal administrativo, cuya labor es vital para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia en el país. De prolongarse la paralización, se estima que podrían producirse retrasos en trámites esenciales, afectando gravemente el acceso a la justicia para miles de ciudadanos en diversas regiones.

Por su parte, el Ministerio Público no ha emitido una respuesta oficial frente a las demandas laborales, aunque se espera que en los próximos días las autoridades competentes se pronuncien para evitar un agravamiento del conflicto. La huelga, en medio de un contexto de crecientes críticas a la gestión pública y la inseguridad, podría generar una presión adicional sobre el Gobierno y las instituciones encargadas de resolver estas problemáticas.

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