En un contexto donde la equidad y la transparencia deberían prevalecer, el reciente caso de dos agentes de la Policía Nacional del Perú, detenidos en Pucallpa bajo la acusación de haber robado una motocicleta, ha puesto en tela de juicio el comportamiento institucional y los privilegios que parecen proteger a ciertos sectores dentro de las fuerzas del orden. Este incidente ha generado un debate no solo sobre la responsabilidad de los involucrados, sino también sobre el manejo de la situación por parte de sus colegas, quienes parecen haber actuado con un marcado favoritismo y ocultación deliberada.
Los agentes Aymar Guerrero Barreto y James Rengifo Briceño fueron arrestados luego que se les imputara el delito de hurto de una motocicleta, un acto que, como cualquier otro crimen, debería ser tratado con la seriedad correspondiente. Sin embargo, lo que se presenció en este caso fue un despliegue de medidas excepcionales para evitar que los medios de comunicación documentaran el suceso, lo que contrasta notablemente con el trato que suelen recibir otros ciudadanos acusados de delitos similares o menores. La protección hacia estos policías no solo fue evidente, sino que subrayó una preocupante tendencia de «espíritu de cuerpo», donde la lealtad institucional prevalece sobre los principios de justicia y transparencia.
Uno de los aspectos más polémicos fue la forma en que los policías detenidos fueron trasladados a la comisaría de Pucallpa. En lugar de permitir que los reporteros presentes pudieran cumplir con su labor informativa, se realizaron maniobras específicas para bloquear cualquier intento de capturar imágenes de los acusados. La camioneta de la comisaría ingresó rápidamente a las instalaciones policiales, mientras que el vehículo robado fue subido a un patrullero. Todo esto sucedió bajo una atmósfera de secretismo, algo que contrasta drásticamente con la exposición pública a la que están sujetos otros detenidos, quienes con frecuencia son mostrados ante las cámaras en situaciones similares.
Este trato diferencial no solo pone en cuestión la imparcialidad de las fuerzas del orden, sino que también socava la confianza pública en la institución. Mientras que los ciudadanos comunes, incluso aquellos acusados de delitos menores, son presentados sin reparos ante la opinión pública, los agentes de la ley parecen disfrutar de un trato preferencial que los protege de la exposición mediática. Este tipo de privilegios no solo erosiona la credibilidad de la institución policial, sino que también refuerza la percepción de que existe un nivel de impunidad para aquellos que deberían estar al servicio de la ley.
Es evidente que este tipo de favoritismo socava la igualdad ante la ley, uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático. El mensaje que se transmite es que los miembros de las fuerzas del orden están por encima de las reglas que deberían regir a todos por igual. En un momento en el que se reclama mayor transparencia y responsabilidad en las instituciones públicas, es esencial que los organismos encargados de hacer cumplir la ley sean los primeros en adherirse a los principios de equidad y justicia.
