POR NO DAR TRÁMITE A 40 ESCRITOS POR MÁS DE 130 DÍAS
La Corte Superior de Justicia de Ucayali adoptó medidas disciplinarias contra una servidora judicial, suspendiéndola por un período de 30 días sin goce de remuneraciones, debido al grave perjuicio causado al sistema de justicia penal. Esta decisión se tomó tras descubrir que la servidora no gestionó un total de 40 escritos a su cargo, dejándolos sin respuesta durante más de 130 días, a pesar de recibir múltiples solicitudes para actualizar su carga de trabajo.
Con el objetivo de identificar las ineficiencias, evaluar las necesidades y agilizar los procesos judiciales, el 31 de julio de 2023 se llevó a cabo un levantamiento de información entre los especialistas de causa, en el marco del Proyecto de Mejora del Módulo Penal. Este levantamiento reveló que un total de 2 mil 920 escritos no habían sido tramitados, con un tiempo de espera promedio de 50 días para su atención.
Entre los 2 mil 920 escritos pendientes se encontraban los correspondientes a la servidora de iniciales K. S. F., quien ocupaba el cargo de especialista judicial. Estos escritos estaban pendientes de emitir decretos y/o autos, siendo el más antiguo del 9 de enero de 2023, con 138 días de retraso, y el más reciente del 27 de marzo del mismo año, con 83 días sin atención. Este hecho evidenció una clara negligencia en el cumplimiento de sus funciones por parte de la mencionada servidora.
Por otro lado, el entonces administrador del Módulo Penal, en múltiples ocasiones y a lo largo de varios meses, comunicó a la servidora, así como a todos los especialistas de causa que enfrentaban la misma problemática, la necesidad de proveer los escritos pendientes. Ante la falta de avances, se remitieron copias de lo acontecido a la Secretaría de Procesos Administrativos, para que diese inicio al procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. La administración actual del Módulo también solicitó en tres ocasiones durante el año 2024 ponerse al día.
Según la Secretaría de Procesos Administrativos, el no proveer los escritos en el tiempo oportuno de 48 horas, como establece la ley, paraliza la administración de justicia en esos casos y genera una mayor carga procesal, especialmente tratándose de procesos penales que requieren una tramitación preferente debido a su naturaleza.
