Ucayali aparece todavía muy tenue en el mapa de la explotación del oro en sus ríos. Sin embargo, desde la década del 70 del siglo pasado, a la fecha, esta actividad se ha incrementado significativamente ante el escaso control de las autoridades. En los últimos años, su relación con el narcotráfico y el lavado de activos la hace cada vez más peligrosa.
En la década del 70, la extracción de oro se concentraba, especialmente en el río Abujao que, en las décadas del 80, 90 y hasta la actualidad, se convirtió en un río impenetrable. Por evidencias proporcionadas por testigos, la extracción del oro se extendió al río Aguaytía y sus tributarios, luego al río Utuquinía y el Tamaya. Hoy, ambos ríos son impenetrables en sus partes altas.
En el río Utuquinía, las bandas organizadas utilizan drones para realizar labores de inteligencia sobre quienes entran y salen de esa zona.
Después, la extracción del oro se ha extendido a los ríos del distrito de Tahuanía y del Yurúa, donde el control es todavía más difícil y totalmente inexistente.
Muy cerca está el río Pachitea y sus tributarios, donde incursionan incluso con maquinaria.
ORO Y POLÍTICA
Si bien las autoridades se enfocan en el control del narcotráfico, considerado un negocio violento y altamente destructivo, hoy el negocio del oro, incluso es utilizado por el narcotráfico para el lavado de activos, debido a que hay mucha complacencia de las autoridades.
El caso más reciente es el del Congreso peruano. El decreto legislativo 1607 era un freno para la minería ilegal: impedía el uso de explosivos y fijó como fecha límite para la formalización de los mineros inscritos en el REINFO, el 20 de marzo. El Congreso, por mayoría de 79 votos, aprobó una ley para derogar dicho decreto legislativo y ahora ya no hay manera de formalizar a los mineros ilegales. Están queriendo reabrir el REINFO (Registro de mineros informales) para que, con ese Reinfo se vuelvan intocables, alegando que están formalizándose.
Tanta indignación despertó esa decisión del Congreso que, César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal, llegó a decir: “La minería ilegal ha copado muchos espacios, entre ellos el Congreso de la República”. Tras indicar que la minería ilegal mueve más de ocho mil millones de dólares, agregó que esos recursos “financian no solo campañas, sino la vida de muchos congresistas”.
Un estudio realizado por el Instituto Igarapé de Brasil, tras recopilar información de diversas fuentes, llegó a la conclusión que el oro extraído ilegalmente es tres veces más rentable que el negocio de la cocaína.
Los expertos afirman que la mayor parte de esta extracción no controlada proviene de la selva por la gran pureza del mineral. La débil aplicación de la ley y el elevado precio del oro en el mercado internacional –que ha subido un 56% en los últimos cinco años– aumentan la rentabilidad del negocio ilegal en cualquier parte de la Amazonía.
