Nuestra economía ha tenido un crecimiento impresionante desde el año 1993 en que se promulgó la Constitución Política del Perú que hoy nos rige, ese año el Presupuesto General de la República (PGR) ascendió a S/44,516 millones, para el año 2025 el Poder Ejecutivo ha presentado ante el Congreso para su aprobación un PGR de S/251,891 millones de soles.
Desafortunadamente tenemos grandes deficiencias en su bajo porcentaje de ejecución en casi todos los niveles del Poder Ejecutivo: Alcaldías, Gobiernos Regionales, Ministerios y Entidades Públicas.
Otros parámetros que revelan esta problemática se reflejan en las cerca de 2,000 obras paralizadas en todo el país por un monto cercano a los S/30,000 millones de soles y en lo que es consecuencia de la corrupción calculado por la Contraloría General de la República en S/24,268 millones en el año 2023.
Con esta realidad es muy difícil avanzar en generar mejores condiciones de vida para la población, se hace imprescindible tener una carrera pública con funcionarios profesionales imbuidos en valores éticos que tengan la capacidad de enfrentar los retos que se les presenten, buscando lo mejor para todos los peruanos.
Tenemos que ser conscientes que debemos reducir drásticamente el déficit de infraestructura de nuestro país calculado en US$140,000 millones; no tenemos las vías de comunicación necesarias que permitan a nuestros pueblos y ciudades estar debidamente interconectados en un mundo globalizado.
Nuestro desarrollo ferroviario ha estado paralizado por 100 años; se hace visible esta grave deficiencia en la próxima inauguración del Puerto de Chancay, es un contrasentido que tengamos una instalación portuaria con tecnología de última generación, al lado de una conectividad terrestre que está muy lejos de lo requerido por este emprendimiento.
No miramos a la Amazonía que constituye el 52% del territorio nacional y que constituye un pulmón para la humanidad, amenazada por ONGs Ambientalistas radicales generadoras de miseria y que impulsan su Internacionalización.
En nuestros Andes también están presentes obstruyendo las inversiones mineras con un discurso que no se condice con los desarrollos tecnológicos actuales; estos permiten que sea posible que convivan la agricultura con la minería y que se puedan viabilizar 51 proyectos en cartera que suman US$54,556 millones (Ministerio de Energía y Minas) entre ellos el de Tía María paralizado varios años, perdiéndose miles de puestos de trabajo.
Irónicamente no se observa a estas ONGs enfrentando a la minería ilegal que destruye el medioambiente con impunidad, la que ha crecido sustancialmente en los últimos años, según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera en el año 2023 han movido US$10,246 millones, superando al narcotráfico que llega a US$4,741 millones.
Los mineros ilegales tienen su sede central en Pataz, donde viven en medio de signos exteriores de riqueza: Casas con piscinas y canchas de fulbito, camionetas de lujo, grandes hoteles y centros de entretenimientos…
La Minera Poderosa calcula que habrían salido de Pataz en los últimos cuatro años 33,708 volquetes cargados con 674,160 toneladas de mineral aurífero por un valor de US$3,553 millones (El Comercio 06/10/2024).
Para remate pululan los extorsionadores a pequeños, medianos y grandes emprendedores.
En conclusión, se requieren decisiones firmes a nivel Presidencial para sacar adelante a nuestro país.
¡Basta de Mano Blanda!
¡No te dejes engañar por quienes impulsan la Pobreza defendiendo sus propios intereses!
