Tabla de contenido
La pareja de empresarios conformada por Miguel Ángel Servat Facho y Janette Eslava Córdova decidió invertir en un edificio de departamentos ubicado en la primera cuadra de la calle San Martín, en Miraflores. Este edificio les fue ofrecido por el Banco de Crédito del Perú (BCP) por un monto que consideraron muy atractivo.
Después de una exhaustiva revisión y validación de la documentación pertinente, la pareja finalmente llegó a un acuerdo comercial con el banco. Este proceso de negociación tomó más de dos años en concretarse, según lo explicado por Gabriel Servat, quien actúa como apoderado de Miguel Ángel Servat y Janette Eslava.
Sin embargo, poco después de completar la transacción, Servat y Eslava recibieron una notificación en su domicilio por parte del abogado Aníbal Aliaga Iparraguirre. Este se presentaba como apoderado de las empresas Inmobiliaria El Algarrobo y de Tasa Inmobiliaria e Industrial, y los denunciaba por diversos delitos, incluyendo falsificación de documentos, falsedad ideológica, abuso de autoridad, extorsión, estafa y pertenencia a una banda criminal, entre otros.
Miguel Servat y Janette Eslava explicaron que, antes de proceder con la compra, llevaron a cabo un minucioso estudio de los títulos de propiedad del edificio, confirmando que el inmueble había sido debidamente adjudicado al BCP como parte de un proceso judicial previo, y que esta adjudicación era definitiva y legalmente válida.
🔴VER TAMBIEN: Ratifican sentencia de cinco años de pena privativa de la libertad para usurpador
Trama Oculta
A pesar de observar ciertas acciones que parecían dirigidas a prolongar el proceso judicial que ya llevaba más de 20 años, su equipo legal concluyó que, debido a la solidez del caso y a la reputación del Banco de Crédito, la adquisición del edificio era viable.
Lo que la pareja de empresarios no sabía en ese momento era que individuos que habían intentado apropiarse del edificio durante dos décadas, a pesar de haber sido legalmente adjudicado al BCP, estaban ahora tratando de impedir que Servat y Eslava tomaran posesión del inmueble. Además, desconocían que Aníbal Aliaga Iparraguirre, el abogado que los había denunciado por pertenencia a una banda criminal junto con el BCP, estaba detrás de estos obstáculos.
Aliaga, quien alquila los 30 departamentos del edificio en cuestión, emprendió diversas acciones para obstruir el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
🟡TE PUEDE INTERESAR: Policía capturó a niñera que mató a niña que cuidaba hace 9 años
Batalla Legal de los empresarios
“A pesar de haber resuelto todos los aspectos legales y de tener un juicio en etapa de ejecución, seguimos enfrentando problemas. Aliaga continúa presentando denuncias infundadas contra nosotros y el Banco de Crédito. Su objetivo es evitar el lanzamiento, que es el paso final en un proceso de ejecución de garantías, y así poder seguir lucrando con los alquileres del edificio de manera ilegal, utilizando para ello una empresa que está dada de baja desde hace años, lo que configura un posible caso de lavado de activos”, explicaron los empresarios.
A pesar de las acciones legales emprendidas por Aliaga, el Banco de Crédito del Perú rechazó sus pretensiones, destacando que la transferencia de propiedad del inmueble se llevó a cabo de manera adecuada y legal, y que no existía ningún mandato judicial que impidiera dicha transferencia.
Es importante señalar que Aníbal Aliaga ha sido protagonista de acciones similares en otras ocasiones, con un patrón de comportamiento recurrente que busca perturbar la acción de la justicia con el objetivo de apropiarse de inmuebles mediante diversas empresas. Esta conducta delictiva ha generado daño a las personas y empresas afectadas, quienes han sido víctimas de fraudes y engaños que han afectado sus derechos y propiedades.
