En un incidente que ha generado indignación y cuestionamientos en la comunidad, el suboficial de Segunda de la Policía Nacional, Juan Luis Reátegui Horna, miembro del Grupo Terna, fue intervenido por personal de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (DIRCOCOR) al ser sorprendido utilizando un vehículo policial para dirigirse a un partido de fútbol informal, conocido localmente como “pichanga”, en el distrito de Manantay. La intervención ha abierto la posibilidad que el suboficial enfrente sanciones graves, no solo administrativas al interior de la institución policial, sino hasta penales, por el presunto mal uso de los recursos del Estado, al configurar el delito de peculado de uso. En este caso el vehículo estaba destinado a la División de Orden Público y Seguridad, que jefatura el coronel PNP Luis Tafur Roque.
El uso de vehículos y equipos policiales está destinado exclusivamente para tareas de seguridad y protección ciudadana, especialmente en el caso de unidades especializadas como Terna, cuyos agentes están entrenados para realizar labores de inteligencia y operaciones encubiertas en zonas con alta incidencia delictiva. En este contexto, el hecho de que uno de sus efectivos utilice un vehículo oficial para fines personales representa una posible violación a las normas internas de la institución y un incumplimiento de sus deberes como servidor público.
El caso de Reátegui Horna ha profundizado la percepción negativa que algunos ciudadanos mantienen respecto al accionar de ciertos elementos de la policía, que en los últimos tiempos han sido objeto de críticas y cuestionamientos debido a denuncias de abusos y excesos en el ejercicio de su función. Los constantes incidentes de corrupción y mala conducta dentro de la institución están deteriorando la confianza pública y generado una percepción de impunidad ante las normas, lo que coloca a la Policía Nacional en el centro de un debate sobre su rol en la sociedad y el control efectivo de sus agentes.
Para la ciudadanía, este tipo de situaciones refuerza la necesidad de una reforma policial que contemple medidas más estrictas en la selección, formación y control de los efectivos. Exigen una depuración de los elementos que no cumplen con los principios de servicio y ética, fundamentales para recuperar la confianza en una institución cuyo objetivo es precisamente proteger y servir a la comunidad.
Este nuevo incidente subraya la urgencia de contar con mecanismos de fiscalización internos más rigurosos, así como con un sistema judicial eficiente y justo que permita sancionar los actos de mala conducta policial sin excepciones.
