El juez superior Américo Urcino Torres Lozano (AUTL), presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, no se libra de las investigaciones. Tampoco de las sombras y sospechas, al posiblemente haber infringido la Ley de la Carrera Judicial cometiendo presuntas faltas muy graves que podrían llevarlo a la destitución.
INVESTIGACIÓN
El 24 de junio de este año, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), notificó la investigación preliminar N° 023-2024-JNJ que, en 55 folios contiene la Resolución N° 934-2024-JNJ de fecha 10 de junio 2024, emitida por el Dr. Antonio Humberto de la Haza Barrantes, presidente de la JNJ, sobre investigación preliminar a 13 magistrados, entre los cuales incluye al juez Américo Torres.
La investigación, se origina en la denuncia interpuesta el 10 de febrero 2023, por un ciudadano con reserva de identidad (aunque muchos infieren quién es), contra diversos magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, atribuyéndoles presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones y la comisión de delitos. La investigación también se basa en la Resolución N° 2 emitida por la señora Luz Inés Tello de Ñecco, magistrada de la JNJ.
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SOLO ADMINISTRATIVO
Como resultado de la evaluación que hizo Inés Tello, mediante Resolución N° 1 de 29 de mayo de 2023, declaró improcedente la denuncia en cuanto al extremo de delitos, por carecer la JNJ de competencia para conocer sobre hechos de connotación penal y dispuso solicitar a los magistrados denunciados un informe documentado sobre las imputaciones. La investigación preliminar es sólo administrativa, lo que no quita que pueda derivar al ámbito penal.
IMPUTACIONES
Al juez Américo Torres, le imputan haber recibido 800 mil soles para presuntamente favorecer la libertad del exconsejero regional Erick Ramos Tello quien estuvo con prisión preventiva como presunto líder de “Los Menes de la Medicina”.
También, de haber recibido, presuntamente un millón de soles del expresidente regional Jorge Velásquez Portocarrero para favorecer su libertad, aunque, Velásquez lo ha negado.
Otra acusación es que habría participado en una reunión, junto con el ex del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila, para concertar la elección irregular de Wilder Moisés Arce Córdova como presidente de la Corte de Ucayali, período 2017-2018.
Lo acusan de mostrar signos exteriores de riqueza con 11 propiedades.
Se le acusó de haber dado 200 mil soles para la campaña política de Edwin Díaz Paredes, ofreciéndole impunidad, a cambio de colocar a su hijo Giampoll Torres Ruíz como candidato a regidor de la municipalidad Coronel Portillo (Acusación que ha despertado otras sospechas)
DESCARGO Y EVALUACIÓN
Como se estila en los procedimientos administrativos, con escritos del 6 de julio y 6 de octubre 2023, el Juez Américo Urcino Torres Lozano, presentó sus descargos negando las acusaciones.
Sin embargo, la Autoridad Nacional de Control, mediante resolución 7 del 7 de agosto 2023, le abrió procedimiento administrativo, en su condición de presidente de la CSJU por “haber mantenido una relación extramatrimonial con la servidora Alicia Thais Meza Silva y aparentemente por haberla inducido a cometer autoaborto”. Y ordenó remitir copia de los actuados al Ministerio Público.
En la misma resolución 7 (Investigación N° 112-2023-UCAYALI), la OCMA decidió abrirle procedimiento administrativo “por haber faltado a su deber de guardar en todo momento conducta intachable previsto en el artículo 34.17 de la Ley N° 29277 – Ley de la Carrera Judicial, al haber obligado a costa de su trabajo a la servidora Liz Romero Silva a tomar fotografías y gravar (sic) videos de la madre de la señora Cynthia Reátegui Romero y su menor hijo para fines personales (proceso de tenencia), incurriendo así en la falta muy grave prevista en el artículo 48.12 de la citada ley…”
Sobre la acusación de haber recibido 800 mil de Erick Ramos la negó y dijo que era una calumnia.
EL MILLÓN DE VELÁSQUEZ
Sobre el caso Jorge Velásquez, si bien negó haberlo favorecido para liberarlo y también Velásquez dice que no lo favorecieron, hay sombras.
En la Sala que presidía Torres Lozano, se resolvieron los recursos de apelación presentados por Velásquez sobre su prisión preventiva y/o cesación. Así, tras la primera apelación de prisión preventiva –Resolución N° 2, de fecha 30 de mayo 2017– se declaró nula la prisión y se ordenó nueva audiencia con los votos, entre otros de Torres Lozano. Velásquez quedó libre. En la segunda apelación que terminó con una resolución que declaró fundada la prisión preventiva, el voto discordante, es decir, oponiéndose a la prisión preventiva, habría sido de Torres Lozano.
Ante los intentos frustrados, Velásquez presentó un pedido para que cesen su prisión preventiva. Como el juzgado la declaró infundada, apeló y la Segunda Sala Penal de Apelaciones, con los votos de Torres Lozano y Eliana Tuesta Oyarce, resolvieron revocar la resolución que declaró infundada la cesación de prisión preventiva imponiendo comparecencia restrictiva, es decir, liberaron a Velásquez.
Por eso, el documento de la JNJ dice: “Por ende, la participación del magistrado AUTL es notoria en este proceso, actuando este a favor del expresidente del GOREU Jorge Velásquez Portocarrero, lográndose de tal manera que su prisión preventiva sea variada a comparecencia restrictiva. (…) (Y) DISPONE (…) c) Iniciar investigación por la presunta comisión del delito contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de organización criminal, contra (…) AUTL (…) en agravio de la sociedad” (Tomado de la Carpeta Fiscal 13-2020, Disposición N° 5 del 7 abril 2021 se amplió investigación por delito de organización criminal).
LA REUNIÓN
Si bien AUTL presentó documentos para desvirtuar el favorecimiento a Moisés Arce, como por ejemplo su reclamo no atendido de rotación de personal, existe la acumulación de las Carpetas Fiscales 223-2018 y 13-2020 en la CF 13-2020, donde con disposición 12 del 5 de mayo 2023 se recalificó el delito de cohecho pasivo específico atribuido a Torres Lozano por el de cohecho pasivo impropio.
Se trata de la reunión del 16 de octubre 2016, que no han podido negar. El magistrado Robin Barreda Rojas declaró que Moisés Arce pasó a recogerlo, y que, en el interior del vehículo, ya estaba Torres Lozano, quien, a su vez, declaró que en la reunión estuvieron con Guido Águila, Moisés Arce y Robin Barreda.
Es en el motivo de la reunión donde las contradicciones levantan suspicacias. “(…) en sus declaraciones difiere uno del otro”, dice el documento. Agrega: “lo cual permite inferir que existiría un motivo vedado u oculto en dicha reunión”. Américo dice una cosa y Barreda, otra. Se aclara que el 16 de octubre, Guido no tenía razón para viajar a Pucallpa en comisión de servicio. “Esto implica que el investigado Águila Grados viajó por una razón de interés personal y no por motivos institucionales. Así mismo permite inferir que Guido Aguila, en la reunión del 16-10-2016 habría ofrecido (…) beneficios a los magistrados AUTL y Helbert Barreda Rojas, y a través de estos a los demás jueces superiores de la CSJU, a fin de que voten a favor de Wilder Moisés Arce Córdova”.
SOSPECHA ELECTORAL
Aunque en su descargo Américo Urcino ha negado el pago de 200 mil a la campaña de Edwin Díaz, aduciendo que su hijo es mayor de edad y no tiene nada que ver, no deja de ser significativo que su hijo haya sido ubicado como segundo regidor en la lista y que, hoy, por hoy, se vocee que sería el próximo alcalde de Coronel Portillo, si prosperan las casi 27 denuncias penales contra la alcaldesa Castagne, así como los pedidos de vacancia y revocatoria.
Ya antes, al juez Américo Urcino, se le ha interpelado porque en rueda de amigos habría expresado que su hijo sería el próximo alcalde, pero él lo ha negado y reiterado que no tiene nada que ver.
FALTAS MUY GRAVES
Tras evaluar las imputaciones, la Junta Nacional de Justicia, resolvió: “Abrir investigación preliminar de oficio contra … Américo UTL, por su actuación como juez superior y presidente de la CSJU durante el período 2021-2022 …”
LAS FALTAS
En el tema de las demandas de alimentos y tenencia de menor, así como de presunto lugarteniente de organización criminal, y participar indebidamente en la elección de Moisés Arce como presidente de la Corte, hay “indicios suficientes para afirmar que en estos hechos el magistrado Torres Lozano, habría infringido su deber previsto en el artículo 34 numeral 17 – guardar en todo momento conducta intachable – de la Ley de la Carrera Judicial – Ley N° 29277, por lo que habría incurrido en la falta muy grave tipificada en el artículo 48, numerales 12 y 13 –incurrir en acto u omisión que sin ser delito, vulnere gravemente los deberes del cargo previstos en la ley– así como inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales – de la acotada ley.”
Sobre la imputación de haber recibido 800 mil de Erick Tello y un millón de Jorge Velásquez, a cambio de su libertad. “Se advierte de los actuados indicios suficientes para afirmar que en estos hechos el magistrado Torres Lozano habría infringido su deber previsto en el artículo 34, numerales 1 y 17 –guardar en todo momento conducta intachable– de la Ley de Carrera Judicial – Ley N° 29277, por lo que habría incurrido en la falta muy grave tipificada en el artículo 48, numerales 9 y 13 –establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros, que afecten su imparcialidad e independencia, o la de otros, en el desempeño de la función jurisdiccional; así como inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales – de la acotada. ley.”
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La resolución desestimó las imputaciones sobre signos exteriores de riqueza con 11 propiedades y pago de 200 mil para la campaña política de Edwin Díaz, aunque, como ya se dijo, en este último caso, las sospechas de su presunta intervención en temas electorales, no se habrían diluido.
DESTITUCIÓN
De acuerdo con las normas, la investigación preliminar tiene un plazo de 30 días (prorrogables) para resolverse, es decir para definir si procede o no la apertura de un procedimiento disciplinario.
Acreditada, en el procedimiento disciplinario, la falta muy grave, correspondería sancionar con destitución.
