SUMILLA: La reciente sentencia a una joven que pagó por un puesto de asistenta administrativa en el Ministerio Público, ha puesto nuevamente el dedo en una llaga nacional. En este país, o los puestos se compran o se accede a ellos por algún padrinazgo (o compadrazgo). También permitió recordar los sucesos que, en el 2020, terminaron con la vida del presidente de la Junta de Fiscales de Ucayali, Jara Ramírez, detenido como cabecilla de “Los Patrones de Ucayali”, una organización que negociaba puestos de trabajo en el Ministerio Público. Dicho fiscal murió extrañamente (dicen que se suicidó) en un cuarto asignado a policías de la carceleta judicial en Lima.
ENTREGÓ CINCO MIL SOLES A TRABAJADORA INTERMEDIARIA
Su deseo de ingresar a trabajar en un organismo del Estado, para poner en práctica todo lo aprendido, la llevó a una situación límite que, hoy, probablemente lamenta, e hizo recordar el caso de “Los Patrones de Ucayali” que se creía olvidado después del extraño suicidio del principal implicado, el entonces presidente de la Junta de Fiscales de Ucayali, Luis Alberto Jara Ramírez.
La sentencia aplicada a Lleri Silva Salas, por haber pagado cinco mil soles para ingresar a trabajar como asistente administrativa en el Ministerio Público, no hace sino confirmar que, durante la gestión de Jara Ramírez, dicho ministerio se había convertido en una feria de puestos de trabajo.
La pregunta inquietante que surge es: ¿subsiste esta práctica en el Ministerio Público y en otras entidades del Estado?
LA SENTENCIA
El Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo condenó a cuatro años y siete meses de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de tres años a Lleri Silva Salas, como autora y responsable del delito de cohecho activo específico, en agravio del Estado.
Asimismo, le impuso 400 días multa, equivalente a la suma de tres mil 100 soles, que serán pagados en 12 cuotas de S/ 258.33, el último día hábil de cada mes. Así como una reparación civil de cinco mil soles en favor del Estado, el cual será cancelado en 15 cuotas mensuales.
La sentenciada deberá seguir reglas de conducta como comparecer cada sesenta días al local del juzgado para firmar el cuaderno respectivo e informar y justificar sus actividades. Asimismo, reparar los daños ocasionados por el delito o cumplir con su pago fraccionado, salvo que demuestre que no cuenta con recursos.
También le estará prohibido ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez, así como poseer objetos susceptibles de facilitar la realización de otro delito.
De no cumplir las reglas de conducta, se le revocará la suspensión de la pena.
EL CASO LLERI
En el 2019, Lleri Silva Salas buscaba trabajo. Por esa época, la asistente administrativa de la Oficina de Potencial Humano del Distrito Fiscal de Ucayali, Anita Aliaga Tafur, le dijo que había plazas vacantes, pero debía pagar cinco mil soles para comenzar a trabajar en el 2020.
En la investigación, se encontró que, entre noviembre y diciembre Lleri y Anita sostuvieron comunicación telefónica y también mensajes de texto.
Finalmente, en diciembre de 2019, Lleri entregó los cinco mil soles, a través de Anita Aliaga Tafur, al entonces presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ucayali, Dr. Luis Alberto Jara Ramírez, para acceder al cargo de asistente administrativo en el Ministerio Público de Ucayali.
La entrega del dinero se hizo en el exterior del domicilio de la investigada Aliaga Tafur.
Sin embargo, al iniciarse 2020 y producirse demora en la contratación, Lleri Silva, ante las excusas de Aliaga, acudió hasta en tres oportunidades a su Oficina de Potencial Humano para exigir celeridad en su contratación o, en caso contrario la devolución de su dinero. No ocurrió ni lo uno ni lo otro.
LOS PATRONES DE UCAYALI
Lo que no sabía Lleri Silva Salas es que, tanto el Presidente de la Junta de Fiscales, como sus más cercanos colaboradores venían siendo investigados desde mediados del 2019, porque el fiscal Jara Ramírez había dado muestras evidentes del “oscuro negocio” que manejaba en el Ministerio Público.
De esa manera, el 18 de febrero del 2020, Jara fue capturado junto con su entonces fiscal adjunto, Juan Astete Verde, y tres de sus asistentes: Jinna Priscila Panduro, Maylen Lane Tenazoa Ruíz y Anita Aliaga Tafur. Según las investigaciones, habrían estado operando durante un año y medio.
La red cobraba cinco mil soles por asistente administrativo, diez mil por asistente de función fiscal, doce mil por fiscal adjunto y veinte mil por fiscal provincial.
¿De dónde sacaban tanto dinero los postulantes y, luego, como lo recuperaban?
La investigación encontró casos ilustrativos. Por ejemplo, Jara habría pedido seis mil soles a K. P. para mantenerla en su puesto de asistente administrativa. Incluso, consiguió ser designada fiscal adjunta provisional tras amenazar a Jara con propagar los mensajes vía WhatsApp en que este le pedía el soborno de seis mil soles.
Trasladado a Lima para continuar las investigaciones, en circunstancias que no han sido plenamente esclarecidas, el fiscal Luis Alberto Jara Ramírez, se suicidó con el arma de un policía cuando se encontraba en el cuarto asignado a los agentes de la División de Seguridad de Penales (Divsepen) de la policía, encargados del resguardo de la carceleta del Poder Judicial, ubicada en la cuadra 5 de la avenida Abancay, Cercado de Lima.
OTROS DOS
Lleri Silva Salas, no es la única sentenciada que acepta su responsabilidad, en este caso que cubre de sospechas al Ministerio Público.
En octubre del 2023, tras acogerse al proceso de terminación anticipada, Carlos Enrique Heredia Martino y Priscila Astrid Huamán Rosales, fueron condenados a cuatro años de prisión suspendida, sujetos a reglas de conducta, por el delito de cohecho activo específico en agravio del Estado.
Heredia Martino y Huamán Rosales confesaron que entregaron tres mil 500 y cinco mil soles, respectivamente, a Jinna Priscila Panduro Hidalgo, sindicada como la intermediaria de la organización criminal, para materializar sus contrataciones en puestos laborales en el distrito fiscal de Ucayali.
