El mandato judicial emitido por el juez Víctor Zúñiga Urday el 14 de marzo de 2023, para el descerraje, allanamiento e incautación de los bienes de la Universidad Alas Peruanas (UAP), incluyendo la que está ubicada en la avenida Las Alamedas, en Yarinacocha, debido a un presunto caso de lavado de activos, ha sido anulado por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional.
Según el fallo de la Sala, el juez Zúñiga no proporcionó los fundamentos legales necesarios para respaldar la incautación de la UAP, lo cual constituye una violación al derecho fundamental de motivación de las resoluciones judiciales, lo que lleva a su nulidad.
En consecuencia, la resolución establece que los efectos de la medida deben retrotraerse al momento en que fue dictada. Por lo tanto, la universidad ha solicitado la devolución inmediata de sus propiedades, actualmente bajo la jurisdicción del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
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Desde que se emitió la orden de incautación, la defensa de la universidad ha presentado diversas acciones legales para detener el proceso judicial. Argumentaron que el presunto desfalco millonario ocurrido durante la gestión del exrector y exgerente de la UAP, Fidel Ramírez Prado, no tenía relación con la administración actual, que denunció ser víctima en el caso. Sin embargo, el fiscal del caso, Wilson Salazar Reque, implicó a la nueva administración de la universidad sin proporcionar argumentos sólidos para la incautación.
La Sala de Apelaciones señaló que el juez Zúñiga simplemente reprodujo los argumentos del fiscal Salazar sin realizar una evaluación propia de los hechos delictivos, lo cual es su deber jurisdiccional.
Además de criticar las irregularidades en el proceso que condujo a la incautación de bienes, la Sala cuestionó la conducta del juez Zúñiga, que consideraron contraria al derecho fundamental de motivación de las resoluciones judiciales, y que resultó en la violación de los derechos fundamentales de los investigados.
La resolución judicial declara la nulidad de la orden de incautación emitida por el juez Víctor Zúñiga contra la UAP y otros implicados en el caso.