La Contraloría General de la República, realizó una acción de control concurrente (Hito de Control N° 019-2024-OCI/5354-SCC) al arreglo de la carretera que viene haciendo el Proyecto Integral Multisectorial (PRIM) del Goreu en la carretera de acceso a Yarinacocha y encontró tres irregularidades que, de no ser corregidas, pueden dar lugar a acciones administrativas y penales.
Los encargados de la obra, pareciera que no tienen el menor interés en cumplir con las normas y pueden estar pensando que no les pasará nada, es decir, confían en la impunidad del poder político en la región.
Oficialmente la obra se denomina: “Mejoramiento a nivel de afirmado de la carretera hacia el lago de Cashibococha (entre el Km. 10.5 de la carretera Federico Basadre y el lago de Cashibococha), distrito de Yarinacocha-provincia de Coronel Portillo-departamento de Ucayali” CUI N° 2462486. La fiscalización de la Contraloría, se realizó entre el 14 al 27 de marzo de este año. Y el informe lleva fecha del 1 de abril, es decir, muy reciente.
EL PRIM
Sobre el manejo del PRIM hay una serie de cuestionamientos, desde el inicio de la actual gestión regional, cuando se conoció que el hombre clave en el funcionamiento de ese organismo y que, incluso hace declaraciones a los medios de prensa, es Luis Reátegui Alegría, conocido como “Tigrillín” quien, aunque no tiene el perfil profesional para ocupar la dirección, en la práctica sería el que planifica y ejecuta una serie de acciones. Entre ellas estaría el enripiado de la vía a Cashibococha, una obra que no cuesta poco.
OBRA Y PRESUPUESTO
El trabajo consiste en afirmar (enripiar) con una capa de un espesor de 30 centímetros los 8 kilómetros 249 metros de la vía. Además, construir 27 alcantarillas de concreto armado de sección rectangular tipo cajón (más un puente-alcantarilla de concreto y 29 pases de agua de concreto armado); cunetas, y actividades de mitigación de impacto ambiental como rehabilitación de área ocupada por maquinarias y equipo, así como acondicionamiento de materiales en botaderos.
Pero, eso es lo que dice el proyecto. En la práctica, la Contraloría ha encontrado que la tierra excedente, por no decir desperdicios, la contratista las está arrojando al lago Cashibococha.
Para esta obra se ha destinado un presupuesto de 10 millones 086 mil 802.61 soles, al que se le debe agregar (por mandato de ley) 201 736.05 soles, lo que hace un total de 10 millones 288 mil 538.66 soles, costo total. No es poca cosa.
Para ejecutar la obra, previa licitación, en primera convocatoria, se otorgó la Buena Pro al Consorcio Ejecutor Vial Ucayali (Integrado por las empresas ST Victoria SAC y Grupo C Pinto SAC) y el contrato se firmó el 21 de diciembre 2023. El plazo de la ejecución de la obra es de 180 días calendario y bajo el sistema de contratación Precios Unitarios, con un presupuesto de 8 millones 603 mil 922.16 soles.
Para la supervisión de la obra se contrató al Consorcio Supervisor Cashibo (integrado por Jorge Antonio Seclén Ramos y Dilmer Adriano Villarreal Clavo) por 250 mil 128.00 soles.
SITUACIONES ADVERSAS
Sin embargo, en el tercer mes de trabajo, durante la visita de inspección a la obra, los días 14 y 15 de marzo, el equipo de fiscalizadores de la Contraloría, encontró tres situaciones adversas que ponen en peligro una buena culminación de la obra.
La primera situación adversa ha sido definida como “Ausencia de profesionales del plantel técnico del contratista y de la supervisión. Asimismo, el residente se encuentra no habilitado; genera el riesgo de una incorrecta y mala calidad en la ejecución de la obra, inaplicación de penalidades, pagos por servicios no prestados e incumplimiento contractual.”
El hecho de que no estén en la obra, el personal de la contratista y la supervisión (al menos durante los dos días de visita de control) “repercute en la mala calidad de la obra y en pago de servicios profesionales no ejecutados”, dice la Contraloría en su informe. Además, esta situación “genera la aplicación de penalidades”. Si no está el residente de obra, se le penaliza con el 20% de una UIT por cada día de inasistencia. Pero lo curioso es que el procedimiento se inicia con un informe del supervisor y precisamente, el supervisor, tampoco estaba en la obra.
Pero quizá lo que causa más preocupación es que, al revisar en el padrón del Colegio de Ingenieros se encontró que el ingeniero Cayo Mori Macedo, el residente de obra, no está habilitado para ejercer la profesión.
Una segunda situación adversa es definida como: “Falta de señalización de seguridad durante la ejecución de obra lo que genera, el riesgo de ocasionar accidentes de tránsito y de trabajo, e inaplicación de penalidades.”
Sólo en el primer día de la visita de control (14 de marzo) se pudo observar transeúntes en vehículos que pasan cerca de las máquinas porque no hay señales y dispositivos de seguridad. Incluso el personal estaría desprotegido. Los desniveles, los trabajos de relleno, tampoco tienen señalización. Hay un presupuesto específico para hacer tranqueras de madera que se habría valorizado al 100% en enero del 2024. Sin embargo, en la visita no se encontró una sola tranquera cumpliendo su función de evitar el paso de vehículos particulares.
Por estos hechos, hace rato debían haberse aplicado penalidades. Pero, no hay quién lo haga.
La tercera situación adversa es más grave. La visita de control ha constatado que “la contratista viene botando material excedente (tierra) dentro del cuerpo de agua de la laguna Cashibococha, incluso está realizando trabajos dentro de la faja marginal a pesar de no tener autorización de la Autoridad Nacional del Agua; generando el riesgo de contaminación y afectando la flora y fauna del hábitat de dicha laguna”.
Consultada la ANA respondió: “La Autoridad Nacional del Agua no ha otorgado al Gobierno Regional de Ucayali, al Programa Regional de infraestructura Multisectorial ni al Consorcio Ejecutor Vial Ucayali para que intervenga en la faja marginal de laguna Cashibococha depositando material excedente de la obra que ejecuta ni para realizar trabajos de mantenimiento en esta área intangible”.
Es decir, no solo no tiene autorización (que seguramente se la negarían) sino que está dañando y contaminando el lago Cashibococha. Ya se habría cometido infracción establecida en la Ley 29338 por daños y contaminación. Tras un procedimiento administrativo sancionador, tanto al PRIM como a la contratista se le impondría una multa.
El informe ha sido puesto en conocimiento del titular de la entidad, es decir, del gobernador Manuel Gambini, quien debe informar a la Comisión de Control, sobre las acciones preventivas o correctivas, aunque muchos piensan que si está de por medio, el “Tigrillín” no va a pasar nada y el lago Cashibococha terminará más contaminado que antes, en tanto que la obra del enripiado, con los profesionales de la contratista y supervisión ausentes, ya se adivina cómo va a terminar: presuntamente, con deficiencias.
La Contraloría no puede bajar la guardia y mantenerse vigilante.
