Telefónica del Perú anunció a través de un comunicado relevante su compromiso de pago por un monto de S/1,361 millones a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), en estricto cumplimiento de una decisión del Poder Judicial emitida en enero de 2023 respecto a la declaración del Impuesto a la Renta de los años fiscales 2000 y 2001. Este paso marca el cierre de una larga disputa que se extendió por más de 20 años.
La empresa, en su comunicado, señaló que ya había tomado medidas provisionales desde el anuncio de la resolución de la Corte Suprema en enero del año anterior. A pesar de las discrepancias con la decisión judicial, Telefónica del Perú reafirma su compromiso con el desarrollo del país mediante la inversión en infraestructura y la prestación continua de servicios de calidad, fundamentales para la transformación digital.
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Es importante destacar que, dentro del marco legal, la empresa cuestionó los reparos efectuados por la administración tributaria, considerando que fueron arbitrarios e injustificados. Asimismo, Telefónica lamentó las demoras en la resolución del conflicto, que llevaron a la acumulación de intereses y multas, representando el 80% del monto en controversia.
Aunque Telefónica del Perú está en desacuerdo con la decisión final del Poder Judicial, ha decidido proceder con el pago bajo protesta, en un acto de respeto a la institucionalidad y la seguridad jurídica. Para ello, ha instruido a las entidades financieras para que realicen el pago a SUNAT en cumplimiento de las cartas fianzas emitidas.
Además, la empresa destaca su historial de cumplimiento tributario durante sus 30 años de operaciones en el país, contribuyendo con más de S/11,000 millones en pagos del Impuesto a la Renta y otras obligaciones fiscales. Sin embargo, es importante mencionar que el principal accionista, Telefónica S.A., ha iniciado un arbitraje internacional ante el CIADI por presuntas violaciones del acuerdo de inversión entre España y Perú por parte del Estado peruano, incluyendo temas relacionados con los asuntos tributarios.
La controversia con SUNAT se originó en ingresos no percibidos por la empresa en los años 1998, 2000 y 2001. Después de un proceso de fiscalización, SUNAT objetó deducciones de gastos, lo que desencadenó una disputa prolongada que involucró reparos relacionados con provisión por cobranza dudosa e intereses financieros. Esta situación, que se prolongó por más de dos décadas, finalmente ha llegado a su resolución con el compromiso de pago por parte de Telefónica del Perú.
