En un operativo llevado a cabo en Pucallpa, capital de la región Ucayali, agentes policiales del Área Contra el Terrorismo detuvieron a Amos Benjamín Armas Arche, de 67 años, tras confirmarse que contaba con una orden de captura vigente por el delito de responsabilidad de funcionario público. La intervención, realizada a las 10:20 de la mañana del lunes 28 de octubre, culminó con la captura del exfuncionario, de un caso instruido judicialmente hace cinco años, en el año 2019.
Al momento de su intervención, los agentes del Arecoter verificaron la información consignada en el Documento Nacional de Identidad en la base de datos del Sistema de Información Policial para Requisitoria de Personas (ESINPOL), que dio resultado positivo para la orden de detención dictada por el Juzgado Penal Unipersonal de Coronel Portillo mediante el oficio número 1637-2019, fechado el 9 de octubre de 2024.
El delito de responsabilidad de funcionario público forma parte de una serie de infracciones que afectan la administración pública y está contemplado en el Código Penal peruano. Las transgresiones de esta índole incluyen actos de abuso de autoridad, concusión, peculado y corrupción de funcionarios, entre otros. Estos actos delictivos no solo vulneran la confianza pública en las instituciones, sino que también representan un uso indebido de los recursos o poderes estatales para beneficio propio o de terceros.
Según el marco legal peruano, los Juzgados Penales Unipersonales tienen competencia para conocer y sentenciar delitos cuya pena no supere los seis años de prisión. Sin embargo, en caso que el delito sea reclasificado a uno de mayor gravedad durante el proceso judicial, el caso se remite a un Juzgado Penal Colegiado, que está capacitado para manejar procesos que impliquen penas superiores a seis años. Esta medida garantiza que las infracciones más graves cuenten con una instancia judicial adecuada y proporcional a la magnitud del delito.
Tras su detención, Armas Arche, con la documentación referida a su captura, fue trasladado a la unidad competente del Área de la Policía Judicial y Requisitorias, que lo pondrá a disposición del juzgado solicitante.
